He sido presentado por la defensa de Leopoldo Fernandez como testigo de descargo, en el juicio oral por la “Masacre de Pando”; pero también he sido testigo de la parcialidad que tiene el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, para con el Ministerio Público y los abogados de las supuestas víctimas, en contra de los autonomistas o supuestos culpables, quienes en realidad fueron y son las verdaderas víctimas de los hechos sucedidos en Pando y hoy aparecen como victimarios, sin un debido proceso, sin el juez natural y con casi cinco años de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz sin sentencia.
Fueron aproximadamente 20 horas de interrogatorios, casi 10 días de estadía en La Paz en un mes de manera discontinua, resquebrajando mi trabajo y fuente laboral, alejado de mi familia, y gastando de mis recursos poco más de mil dólares entre pasajes, alojamiento y comidas. He sido testigo de esto y he vivido en carne propia el perjuicio que uno se ocasiona en estos ajetreos. Me pregunto: ¿cómo se sentirán los presos políticos lejos de sus familias, sin dinero y sin el juez natural de donde supuestamente cometieron los delitos, sobre todo sin libertad? Gracias a Dios, todavía yo como testigo lo hago en libertad.
No estoy seguro si en la historia de Bolivia ha existido un testigo con tantas horas de interrogatorio, en donde la parte acusadora realizaba preguntas capciosas, repetitivas, con argumentaciones antes de hacer la pregunta y afirmaciones que supuestamente realizaba el testigo, sin que el Tribunal regulara esto, a pesar de la intervención de los abogados de la defensa que pedían el derecho a la dignidad y el respeto al testigo. El Tribunal simplemente ignoraba el pedido, omitía o fallaba a favor de las agresiones en contra del testigo.
El testigo se encontraba sentando en una especie de pequeño cuadrilátero abierto de madera, con un asiento empotrado en uno de sus lados, con medio metro debajo y enfrente del Tribunal, estando al lado derecho los acusados y al lado izquierdo los acusadores.
He sido testigo de cómo se prohibía el uso del teléfono celular a todos en la Sala, como debería ser, menos a la abogada de las supuestas víctimas, que fue la misma ex defensora del terrorista Álvaro Garcia Linera en otras épocas.
Pero, ¿por qué fui presentado como testigo? Cuando ejercía la diputación, conjuntamente con la confederación latinoamericana de oenegés UnoAmérica denunciamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de junio del 2009, en Washington, por crímenes de lesa humanidad por los hechos acaecidos en Pando, al Estado Boliviano. Las investigaciones arrojaron que los responsables, gestores y promotores de la violencia en septiembre del 2008, por acción u omisión, fueron el presidente de Bolivia Evo Morales, el vicepresidente García Linera, el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, Chiquitín Becerra, la policía y el ejército, entre otros.
Denunciamos y demostramos que los informes de Unasur realizados por el terrorista Rodolfo Matarollo, de la Defensoría del Pueblo y otros, tenían imprecisiones y falsedades, como por ejemplo que algunas personas dadas por muertas estaban bien vivas, que muchas de las víctimas presentadas como “campesinos afines al gobierno” como víctimas en dichos informes eran autonomistas.
El informe de UnoAmérica es el único que detalla a todos los lesionados, sin importar si son autonomistas o campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), con nombre y apellido a más de 80 personas lesionadas (detallando el tipo de lesión), a los 9 secuestrados por los campesinos afines al gobierno, a los 14 confinados o capturados, y los más de 139 exiliados en ese entonces.
Se solicitan medidas precautorias y protección a la vida, la seguridad y el derecho a informar a 6 periodistas, sin que estos mismos se enteraran de estas acciones ante la CIDH, porque consideramos que desde las esferas del Gobierno y del poder del Estado se estaba amenazando y hostigando constantemente a la prensa por informar sobre estos hechos.
En el informe se hace una descripción de los hechos, con días, horas, acontecimientos, nombres, responsables y se explica a la comunidad internacional la violencia política que se ejercía en Bolivia desde el 2006 hasta los luctuosos acontecimientos de septiembre del 2008 en Pando. Se detalla cómo se generaba y ejercía la violencia política a quienes se oponían a las pretensiones del MAS y de su gobierno.
La población de Bolivia sabe lo que pasó en Pando, son hechos evidentes e irrefutables que la violencia se organizó, se ejerció y se ejecutó desde el Gobierno; se sabe quiénes compraron las armas, cómo y dónde las repartieron, cómo se engañó a los campesinos e indígenas que en ese entonces estaban aliados al MAS; existen videos caseros, reportajes de prensa escrita y audiovisual, cientos de testimonios y declaraciones, incluso de la propia gente afín al gobierno, en ese entonces, que estaba en el lugar de los hechos, detallando cómo se promovió la violencia y se organizó el enfrentamiento. Un reciente testimonio de un líder indígena expresa: “incluso habían instrucciones de atropellar a quien se ponga al frente”.
Mi testimonio fue sobre la investigación que se realizó en el “Informe de Pando: situación política y social de Bolivia”, el mismo que fue adherido y anexado a la denuncia por crímenes de lesa humanidad a la CIDH en contra del gobierno de Morales.
El informe fue presentado como prueba de descargo y excluido por el Tribunal, porque no lleva la rúbrica de los suscriptores. Es interesante como el Tribunal actúa, pues los informes del Defensor del Pueblo y de Unasur, según un acusado explicó en su defensa material, no tenían firmas y sí fueron aceptados como pruebas en contra de ellos.
Se pretendió presentar como prueba extraordinaria la copia original de la denuncia y el informe presentado ante la CIDH, con la firma original de mi persona y de los representantes de las organizaciones de UnoAmérica. Obviamente, fui testigo de cómo la parcialidad del Tribunal rechazaba dicha prueba.
Siendo testigo, no sólo me sentí como acusado ante el Tribunal y por los interrogatorios de los acusadores, sino que viví en carne propia cómo trataron de amedrentarme con un mandamiento de aprehensión en mi contra, pues al residir a casi mil kilómetros de distancia y no poder ir a una audiencia en La Paz, justifiqué debidamente mi inasistencia, a pesar de ya haber declarado en una anterior oportunidad.
Un día después del final de mi declaración testifical de aproximadamente 20 horas, fue solicitado en audiencia por el Tribunal como testigo de descargo por la defensa el ex ministro de gobierno Alfredo Rada; testigo que como mi persona, justificó que no podía asistir a esa audiencia a declarar.
Para mi persona el Tribunal libró un mandamiento de aprehensión, pues supuestamente no era suficiente mi justificativo, pero al ex ministro le dieron nueva fecha para su declaración.
He sido doblemente testigo, en este juicio oral; como testigo de descargo y de la parcialidad que ejerce el Tribunal en contra de los acusados, las verdaderas víctimas.
